Gobierno de España. Ministerio de Fomento

Reconocimiento de cualificaciones profesionales de Arquitecto para el ejercicio de la profesión con carácter permanente

La profesión de Arquitecto es una profesión regulada en España y el Ministerio de Fomento es la autoridad competente para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en los otros Estados Miembros de la Unión Europea, para su ejercicio en España, según figura en el Anexo X del Real Decreto 1837/2008 de 8 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE concerniente al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Libre establecimiento para la prestación de servicios de arquitectura

En el caso de que un ciudadano de otro Estado miembro desee establecerse en España para prestar sus servicios como arquitecto, deberá enviar al Ministerio de Fomento una solicitud como la que se indica en el siguiente modelo, adjuntando la siguiente documentación:

  1. Documentación que acredite la nacionalidad del interesado como miembro de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza.
  2. Título académico o profesional.
  3. Certificado sustitutorio del título expedido por la autoridad competente de la Universidad, en su caso
  4. Certificación exigida, en su caso, en el Estado miembro, para el ejercicio profesional
  5. Certificado de la experiencia profesional, en su caso.

Todos los documentos aportados serán originales o fotocopias compulsadas, deberán ser traducidos al español por un traductor jurado, y se presentarán en el Ministerio de Fomento, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Embajadas y Consulados de España o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes en las que no haya recaído resolución en el plazo de cuatro meses, se entenderán desestimadas a los efectos de interposición del recurso que proceda, sin que ello excluya el deber de dictar una resolución expresa.